• ¿Qué ha cambiado en la última década frente a las campañas de propaganda oscura?
• ¿Se pueden contener los peligros que, al respecto, suponen las actuales dinámicas de comunicación masiva e instantánea?
• ¿Cómo reaccionar ante un ataque así?

“¡Twitter silenció al Presidente Trump!”. Nuestra Corte Constitucional aclaró que las plataformas no son responsables por el contenido que en ellas se publica, pero sí tienen el deber de promover el respeto por los derechos fundamentales en su uso. Hoy, permanecen muchas dudas sobre cómo debe hacerse eso, entre ellas:

• ¿Puede una empresa privada suspender cualquier cuenta que incumpla sus políticas, según su propio criterio?
• ¿Deben responder las plataformas por omitir los controles para prevenir propagación de contenido ilícito en sus redes?
• ¿Quién debe dictar la regulación en las redes?

La desinformación no solo afecta los bienes individuales, sino que puede llegar a poner en peligro la seguridad pública, economía, salud colectiva y muchos otros bienes colectivos. Para algunos, es urgente una intervención estatal. Para otros, ello traería más daños que beneficios.

• ¿Qué deberían hacer los mandatarios y autoridades públicas para hacer frente al fenómeno?
• ¿Debería abordarse el problema desde la perspectiva de la política pública?
• ¿El Estado debería regular la comunicación en redes sociales? ¿Bajo qué parámetros?

• ¿Quien difunda masivamente mensajes de odio y violencia debe responder por los incendios que estos dejan?
• ¿Debería exigirse de las personas influyentes un grado más estricto de prudencia en el contenido de sus mensajes?