La extinción de dominio es un una herramienta que usa el Estado colombiano para perseguir los bienes de origen o destinación ilícita (narcotráfico, lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, secuestro extorsivo, entre otros) (…) En el pronunciamiento reciente del alto tribunal se anularon dos causales de extinción de dominio que según, el demandante, el abogado Mauricio Pava Lugo, afectaba la seguridad jurídica “las relaciones sociales y, sobre todo, si se quiere que tanto los bancos, como las constructoras y las personas del común tengan confianza para emprender proyectos inmobiliarios, especialmente para reactivar la economía”.

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